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Denunció a su jefe por explotar indocumentados y él contrató a unos sicarios que lo asesinaron, según la policía

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#Internacionales | Eliud Montoya, un mexicano naturalizado que vivía en Georgia, se quejó de que en en su empresa se aprovechaban de personas sin documentos. Acabó muerto a tiros luego de que su jefe, un inmigrantes indocumentado, pagara 20,000 dólares por su asesinato. La justicia dice que consiguió 3.5 millones explotando a inmigrantes.

«Me siento muy triste. Esto deja a mi familia sin nada». Con estas palabras se lamentaba Avelina Álvares después de conocer que su hijo, Eliud Montoya, había sido asesinado.

En agosto de 2017, un vecino encontró a Montoya, en el suelo, inconsciente, con tres disparos por la espalda cerca de su casa en Garden City, una pequeña ciudad a 250 millas (400 km) al sureste de Atlanta. Cuando llegaron agentes al lugar donde estaba ya había fallecido.

Montoya, quien era ya un ciudadano estadounidense, había emigrado de México hacía una década y trabajaba los siete días de la semana en Wolf Tree, una empresa de cortar árboles, de Georgia, para poder mantener a su familia.

«Él era el que sostenía la familia, a todos (…) Espero que agarren a la gente que lo hizo. Espero que los encuentren y los castiguen. Eso es lo único que él querría. No era una mala persona», se lamentó Álvares ante las cámaras de WJCL cuando ocurrió el asesinato. En aquel entonces, la policía indicó que tenían algunas pistas, mientras la familia deseaba tener respuestas cuanto antes.

Casi un año y medio después, la justicia tiene tres acusados de la muerte de Montoya, entre ellos el que era su jefe, Pablo Rangel-Rubio, a quien se acusa en documentos revelados la pasada semana de haber planeado el asesinato porque lo había denunciado por explotar a trabajadoresindocumentados.

Una fortuna de 3.5 millones

Según dichos documentos, la investigación comenzó el 19 de agosto, cuando habían pasado pocas horas de su asesinato. Su muerte se produjo dos días después de que Montoya presentara una queja formal ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

En ella, se afirmaba que su jefe había montado una estructura para «emplear ilegalmente a trabajadores extranjeros». El objetivo era claro: «sacar provecho de la empresa al mismo tiempo que escatimar el pago de los trabajadores indocumentados».
Los fiscales sostienen que Rangel-Rubio recrutaba trabajadores indocumentados que vivían en una parcela de casas móviles de 26 acres que él poseía mientras trabajaban en la empresa.

Según el diario The Washington Post, el propio Rangel-Rubio era indocumentado y pagaba a sus empleados en efectivo, aunque en numerosas ocasiones se apropiaba de ese dinero para su beneficio y el de su hermano. Se calcula que los hermanos consiguieron amasar una fortuna de 3.5 millones de dólares durante 10 años gracias a esa práctica.

Montoya no solo se había quejado de esta práctica ante las autoridades. Cuatro meses antes también había hecho el mismo reclamo a los dueños de la compañía. Según la acusación, al enterarse su jefe, reunió a los empleados indocumentados y leyó el documento de Montoya delante de todos, mientras él permaneció en silencio.

Montoya no se dejó intimidar y por eso acabó presentando la queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la que finalmente puso en marcha el plan para asesinarlo.

Los documentos señalan que Rangel-Rubio, al conocer la denuncia, urdió su asesinato. Las autoridades acusan a Rangel-Rubio de pagar a Higinio Perez-Bravo, de 49 años, para que ayudara a su propio hermano, Juan Rangel-Rubio, para matarlo «en represalia por denunciar la conspiración».

Rangel-Rubio supuestamente pagó de 20,000 dólares por su muerte. Ahora él y su hermano están acusados de consipirar para asesinar a una persona y de lavado de dinero, entre otros cargos. Higinio Pérez-Bravo, por su parte está acusado de conspiración para asesinar por encargo, entre otros delitos.
*Información tomada de Univisión

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